Declaración pública de la concejala Alicia Stipicic
Me aburrí de la vieja política.
De esa política que pretende que, por pertenecer al mismo partido, una tenga que callar, mirar para el lado o justificar lo injustificable, incluso cuando las cosas están claramente mal.
No es aceptable exigirle a los vecinos y vecinas de Punta Arenas que paguen sus derechos de aseo, que cumplan las ordenanzas municipales y que respeten las normas, si como municipio no somos capaces de cumplir lo que ordena la Contraloría.
La ley debe ser la misma para todos, sin excepciones ni privilegios.Precisamente esta situación es la que me llevó a renunciar al partido en el que militaba. No estoy dispuesta a que intenten silenciarme por cumplir mi deber como concejala: fiscalizar, preguntar y exigir que se cumplan los dictámenes del órgano contralor.
Mi compromiso no es con una tienda política, es con la ciudadanía y con la legalidad.Hoy estamos en falta.Y eso hay que decirlo con claridad y sin rodeos.
El alcalde debe corregir esta situación y acatar los dictámenes administrativos que son obligatorios. Persistir en una lógica de rebeldía institucional no solo es jurídicamente incorrecto, sino políticamente dañino.
Lamentablemente, este tipo de conductas son las que hacen que la ciudadanía se desencante de la política, que pierda confianza en las instituciones y que sienta que hay un doble estándar entre lo que se exige a la gente y lo que hacen las autoridades.
No tiene ningún sentido seguir en una situación de rebeldía frente a la autoridad administrativa. Por eso, hago un llamado directo y responsable al alcalde: acatar los fallos del órgano que administra y fiscaliza la legalidad de los actos de la Administración del Estado. Cumplir la ley no es una opción, es una obligación.
Yo no me voy a callar, porque la transparencia, la probidad y el respeto a la institucionalidad no son consignas: son deberes básicos de quienes ejercemos cargos públicos.
